El análisis de esta película nos ha llevado a examinar la tensión existente entre el derecho a defensa y los conflictos éticos. Sin embargo, la regulación de nuestro código de ética, la constitución política de la república y los tratados internacionales de derechos humanos nos hacen afirmar que la labor del protagonista no sólo es válida, sino también necesaria.
Muchas veces esta responsabilidad social no es comprendida, pues como a todo aspirante a estudiar derecho le han preguntado: ¿Cómo podrías defender a un culpable? ¿A un asesino, un violador, un terrorista –o el autor de cualquier otro crimen- etc.?
Y la respuesta, a nuestro modo de ver, es que se puede, pero siempre con los límites que impone la ética y la legalidad. Instituciones como la objeción de conciencia, las restricciones a la prueba ilícita, la regulación de las declaraciones en los medios de comunicación, entre otras regulaciones, permiten que esta labor pueda desempeñarse de modo competente dentro de la legalidad.
Se puede argumentar que quienes defienden a los “indefendibles”, a los “sospechosos de siempre”, a los “clientes impopulares” de algún modo también están al filo de la ética, contaminándose de la actividad socialmente reprochable o por contribuir indirectamente a esas actividades; pero estamos olvidando que quizás desempeñan una función tan o más trascendental que defender a quienes todos protegen, pues lo que mide a un Estado de Derecho es el respeto de los derechos fundamentales de toda persona, por muy desagradable que nos resulten sus acciones o modos de vida. Las consecuencias de una política contraria, que proscribiera la defensa sería infinitamente peores, porque todos olvidamos que el día de mañana, pueden no ser: los apaleadores de focas bebes, la comida chatarra, las tabacaleras, los grupos empresariales, la delincuencia común, los terroristas, sino nosotros los que necesitemos defensa.
Es en definitiva un mandato de justicia que todos reciban defensa por igual, pues como dice un conocido aforismo, el grado de civilización de un pueblo se mide por la forma en que trata a sus grupos indeseables.
Muchas veces esta responsabilidad social no es comprendida, pues como a todo aspirante a estudiar derecho le han preguntado: ¿Cómo podrías defender a un culpable? ¿A un asesino, un violador, un terrorista –o el autor de cualquier otro crimen- etc.?
Y la respuesta, a nuestro modo de ver, es que se puede, pero siempre con los límites que impone la ética y la legalidad. Instituciones como la objeción de conciencia, las restricciones a la prueba ilícita, la regulación de las declaraciones en los medios de comunicación, entre otras regulaciones, permiten que esta labor pueda desempeñarse de modo competente dentro de la legalidad.
Se puede argumentar que quienes defienden a los “indefendibles”, a los “sospechosos de siempre”, a los “clientes impopulares” de algún modo también están al filo de la ética, contaminándose de la actividad socialmente reprochable o por contribuir indirectamente a esas actividades; pero estamos olvidando que quizás desempeñan una función tan o más trascendental que defender a quienes todos protegen, pues lo que mide a un Estado de Derecho es el respeto de los derechos fundamentales de toda persona, por muy desagradable que nos resulten sus acciones o modos de vida. Las consecuencias de una política contraria, que proscribiera la defensa sería infinitamente peores, porque todos olvidamos que el día de mañana, pueden no ser: los apaleadores de focas bebes, la comida chatarra, las tabacaleras, los grupos empresariales, la delincuencia común, los terroristas, sino nosotros los que necesitemos defensa.
Es en definitiva un mandato de justicia que todos reciban defensa por igual, pues como dice un conocido aforismo, el grado de civilización de un pueblo se mide por la forma en que trata a sus grupos indeseables.
