Como ya hemos señalado, Nick Naylor es un estadounidense que se dedica a realizar, de manera profesional, lobby a favor de las empresas tabaqueras para de esa forma mejorar la percepción negativa que existe sobre las mismas. El lobby como actividad, es definido como “cualquier acción deliberada destinada a influenciar una decisión o curso de acción en favor de una parte interesada o grupos económicos y el público así como también estamentos del gobierno”. De esta definición se dejan entrever los cuestionamientos éticos que se realizan a dicha actividad, dado que podría llevar a pensar que el objetivo del lobbysta es obtener, por todos los medios posibles, decisiones favorables a favor de sus clientes.
Sin embargo entender el lobby como una actividad sin límites es incorrecto ya que, como se indicó, el lobbysta busca influir en la decisión, es decir, acercar posiciones entre sus interesados y las personas que desea obtener su aquiescencia, pero esto no significa que necesariamente que compromete a obtener resultados favorables, ya que en su ejercicio debe abstenerse de utilizar medios ilegítimos. Lo anterior se debe a que el lobbysta no realiza tráfico de influencias, ni puede promocionarse como tal, ya que aquello es asimilable al delito de corrupción.
El mismo Nick Naylor señala que su actividad va dirigida a convencer al público, intermediar entre ellos y las tabacaleras, la cuales gozan de una mala reputación, aunque reconoce que su actividad exige que la persona tenga una mayor flexibilidad moral, dado que lo llevará a defender interés que no siempre serán conformes a los personales, pero ello no significa que para desarrollar su actividad deba cometer necesariamente ilícitos.
Los cuestionamientos que se hacen comúnmente a esta actividad derivan de la falta de transparencia, puesto que en muchas ocasiones resulta difícil para el público saber quiénes son las personas que se dedican a realizar lobby, a favor de quien interviene, por qué asuntos, etc.
En diversos países se han aprobado leyes que buscan regular el lobby. Así, por ejemplo, en 1995 se dicta en USA la Lobbying Disclosure Act, o en el año 1998 en Reino Unido las Normas sobre lobby para los Servidores Públicos. Lamentablemente en nuestro país las iniciativas legislativas que han existido en la materia no han prosperado. Considérese que el Proyecto de Ley sobre regulación del “Lobbying” en Chile, presentado en octubre del 2003, el cual pretendía modificar la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, o el Mensaje presidencial N° 7- 350, del mismo año, el cual pretendía crear el registro público de lobbystas.
Una de las dificultades para regular la actividad en nuestro país ha sido distinguir si esta sólo se aplicaría a las empresas y personas que se dedican profesionalmente a realizar la actividad del lobby, o también se extendería dicha regulación a toda persona que en algún momento efectuará actividades de tal naturaleza. Es en este último aspecto que cobra relevancia labor del abogado, ya que si bien su función principal no es realizar lobby, muchas veces el ejercicio profesional lo lleva a realizar intermediaciones a favor de sus clientes, ya sea con organismos del gobierno o con los magistrados del poder judicial (en los denominados alegatos de pasillos), lo cual produce un cuestionamiento sobre la legitimidad de estas intervenciones que se realizan fuera de los procedimientos legalmente establecidos.
Una de las dificultades para regular la actividad en nuestro país ha sido distinguir si esta sólo se aplicaría a las empresas y personas que se dedican profesionalmente a realizar la actividad del lobby, o también se extendería dicha regulación a toda persona que en algún momento efectuará actividades de tal naturaleza. Es en este último aspecto que cobra relevancia labor del abogado, ya que si bien su función principal no es realizar lobby, muchas veces el ejercicio profesional lo lleva a realizar intermediaciones a favor de sus clientes, ya sea con organismos del gobierno o con los magistrados del poder judicial (en los denominados alegatos de pasillos), lo cual produce un cuestionamiento sobre la legitimidad de estas intervenciones que se realizan fuera de los procedimientos legalmente establecidos.
De todo lo dicho, podemos concluir que la labor del lobbysta no es per se incorrecta o inmoral, e incluso ha sido defendida por destacables políticos como Jhon F. Kennedy. Sin embargo, la desregulación que existe de la actividad en diversos lugares, como en nuestro país, genera una serie de peligros que pueden devenir, en los casos más extremos, en la corrupción de nuestros servicios públicos, y en la toma de decisiones de interés general. Es por ello que la regulación en esta materia debe tender a la mayor trasparencia posible, relacionado a su vez, con la probidad administrativa.
